Proponemos un cambio en la normativa que puede resumirse en el siguiente decálogo:
1) Establecer una nueva normativa de derechos y deberes de los alumnos, y, al propio tiempo, otra normativa de derechos y obligaciones de los profesores; ésta última inexistente hasta ahora. 2) Reconocimiento del profesor como autoridad pública en el ejercicio de su función.
3) Creación de un órgano de mediación externo integrado por miembros del consejo escolar del centro, de la Inspección Técnica Educativa y de la asesoría jurídica. Además de mediar en los conflictos este órgano defenderá los legítimos derechos del profesor.
4) El profesor debe tener capacidad de sancionar de forma inmediata sin consultar a otras partes. 5) Creación de un equipo multidisciplinar en los centros capaces de responder a las distintas situaciones conflictivas creadas.
6) Creación de la comisión de disciplina, dependiente del claustro de profesores, que asuma la sanción y corrección de las faltas más graves.
7) Asistencia jurídica para el profesor en conflictos que desborden el marco educativo.
8) Cambio de centro automático para los casos más graves de insultos, agresiones físicas, etcétera.
9) Reforzar la tutoría y la orientación en los centros educativos.
10) Disminuir las ratios, especialmente en situaciones de heterogeneidad de los grupos (inmigración, discapacidades, situaciones de familias desestructuradas) etcétera, ya que en dichos casos la actual ratio es muy elevada y ello favorece la indisciplina.
